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¿Alarma, excepción o sitio para Cataluña? Por Diego Fierro Rodríguez

11 de octubre de 2017 -
2:32 min.

El conflicto generado en Cataluña por los deseos de algunos, que quieren lograr que esa Comunidad Autónoma se convierta en un Estado, ha provocado un incumplimiento generalizado del ordenamiento jurídico en lo que respecta a las normas de Derecho Público. La situación ha servido para debatir sobre el artículo 155 de la Constitución, pero algunos consideran que el mecanismo que recoge ese precepto es insuficiente y que sería mucho más adecuado declarar un Estado de excepción.

 

Hay que partir del artículo 55.1 de la Constitución. Este precepto indica que los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, que se refieren a aspectos de la libertad de movimiento, la intimidad, la libre circulación por España, las libertades de expresión y de información, la huelga y el conflicto laboral colectivo, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución, aunque el supuesto de declaración de estado de excepción se mantendrán los derechos de información y asistencia letrada al detenido.

 

Conforme al artículo 116 de la Constitución, una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. La norma a la que se hace referencia es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que deben analizarse separadamente.

 

El estado de alarma deberá establecerse en los casos de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, de crisis sanitarias, de paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad con ciertas condiciones y en situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

 

El estado de excepción deberá establecerse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

 

El estado de sitio deberá establecerse cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios. Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

 

Descartando el estado de alarma, hay que decir que el estado de excepción y el estado de sitio pueden ser aplicados alternativamente, escogiendo uno de ellos, si el problema de Cataluña se agrava y se declara unilateralmente su independencia, aunque hay que destacar que, por las circunstancias, el estado de sitio se ajusta mejor a la situación actual. Sin embargo, las composición política del Parlamento actual constituye un elemento esencial para determinar que opción resulta más asequible y es más difícil establecer un estado de sitio, que requiere la mayoría absoluta del Congreso, que lograr la declaración del estado de excepción, que exige, solamente, una mayoría simple de diputados.

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Diego Fierro

Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y colaborador de diversos medios de comunicación

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