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El deber de Salvador Perelló. Por Diego Fierro Rodríguez

16 de abril de 2018 -
1:47 min.

Salvador Perelló es un profesor de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, ha sido el encargado de destapar el asunto sobre las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes, cuya posición política se ha ido debilitando progresivamente durante las últimas semanas con la presión de Ciudadanos.

 

En diversos periódicos ya se han publicado comentarios del sociólogo, que ha llegado a decir que él no se encuentra conectado con una trama política impulsada por el PSOE, partido al que se encuentra afiliado, y que no ha llegado a contactar directamente con Ángel Gabilondo o con Pedro Sánchez. Además, ha señalado que él se ha limitado a cumplir con su deber como funcionario y que no habría corrupción en España si todos los funcionarios actuaran como él en idénticas circunstancias.

 

No mentía totalmente Salvador Perelló cuando indicó que se limitó a cumplir con su deber, que, según la normativa, esta claramente fijado, ya que el artículo Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que “Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados”. Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la obligación de denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de delito ante la Policía, el Ministerio Fiscal o el juez competente. El sociólogo ha afirmado que no confiaba en que una denuncia por el asunto fuera a prosperar, pero debería haberse esforzado por haber judicializado el caso en un primer momento, aunque ahora no hay mucho que reprochar teniendo presente las diligencias que está practicando el Ministerio Fiscal.

 

La existencia de un deber implica la obligada realización de una conducta determinada. Salvador Perelló no actuó debidamente en todos sus aspectos, simplemente, porque quería saborear una victoria personal que podría llegar a servir para dar un paso en la lucha contra la corrupción pública, que ha provocado que empleados públicos puedan pensar que las instituciones les pertenecen.

 

Entre pillos anda el juego y, aunque no es lo más deseable, no parece que sea una mala opción que, por venganzas y revanchas, se vayan destapando casos relacionados con el aprovechamiento de las instituciones y de los recursos públicos.

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Diego Fierro

Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y colaborador de diversos medios de comunicación

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