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Derecho y fuerza. Por Diego Fierro Rodríguez

10 de octubre de 2017 -
2:35 min.

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Son varios los preceptos constitucionales los que recogen esta regla, que sirve para terminar garantizando la seguridad jurídica en la medida en que todos deben ser iguales ante las leyes, que emanan de las Cortes Generales y de los Parlamentos autonómicos, que deben caracterizarse por recoger, mediante elecciones periódicas con sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, la representación de todos los sectores de la sociedad.

 

Si se quiere simplificar todo lo posible una explicación del contenido del Derecho, puede observarse el contenido del artículo 1088 del Código Civil, que establece que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Se habla, por lo tanto, de deberes en sentido positivo o de deberes en sentido negativo, destacando los últimos por constituir las prohibiciones.

 

Las normas jurídicas crean derechos subjetivos, pero, generalmente, también se crean obligaciones correlativas. Son fuentes de las mismas, según el Código Civil, la ley, los contratos y cuasicontratos y los actos u omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.

 

Todo derecho subjetivo debe verse satisfecho si se ajusta al Derecho objetivo, que incluye todas las normas. La satisfacción puede producirse con la voluntariedad del obligado o de manera forzosa, por trámites ejecutivos administrativos, cuando el sujeto titular de las facultades es una Administración Pública, o por trámites ejecutivos procesales, cuando el titular es una persona de naturaleza privada.

 

La ejecución forzosa se desarrollará en función de la prestación debida:

 

  • - En las obligaciones de dar, toda la ejecución dependerá de lo que haya que entregar. Si la ejecución es dineraria, se despachará por la cantidad que se reclame en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta. Si la ejecución no es dineraria, se procederá con la compulsión para que se entregue la cosa.

 

  • - En las obligaciones de hacer, cuando el hacer a que obligue el acto o título ejecutivo no sea personalísimo, si el sujeto ejecutado no lo llevara a cabo en el plazo señalado, el sujeto ejecutante podrá pedir que se le faculte para encargarlo a un tercero, a costa del sujeto ejecutado, o reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios, pero, cuando el hacer sea personalísimo y solo pueda desarrollarse por el sujeto ejecutado, el sujeto ejecutante podrá optar entre pedir que la ejecución siga adelante para que se le entregue un equivalente pecuniario de la prestación de hacer o solicitar que se apremie al sujeto ejecutado con una multa por cada mes que transcurra sin llevarlo a cabo desde la finalización del plazo.

 

  • - En las obligaciones de no hacer, si el sujeto obligado a no hacer alguna cosa quebrantare la resolución administrativa o judicial, se le requerirá, a instancia del sujeto ejecutante, para que deshaga lo mal hecho si fuere posible, indemnice los daños y perjuicios causados y, en su caso, se abstenga de reiterar el quebrantamiento. Cuando se hace referencia a las prohibiciones fijadas por leyes penales, la consecuencia para el que ha realizado lo que no debía puede llegar a ser la imposición de una pena privativa de libertad.

 

Como puede verse, el Derecho requiere el uso de la fuerza directa o indirecta, en mayor o en menor medida, que estará legitimado siempre que su utilización se ajuste a las normas jurídicas, fijadas de manera democrática por representantes parlamentarios. El uso de la fuerza sin cobertura legal está prohibido, debiendo destacarse que el artículo 455 del Código Penal establece que “El que, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses”.

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Diego Fierro

Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y colaborador de diversos medios de comunicación

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