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Adiós a la reclamación administrativa previa a la vía judicial civil y laboral.

11 de junio de 2016 -
2:09 min.

El BOE publicó, el pasado día 2 de octubre, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en vigor en el 2016, exceptuando algunos preceptos, y que deroga diversas normas. Esta nueva norma va a provocar algunos cambios importantes en el ámbito del Derecho Administrativo español.

 

Una de las principales novedades de la nueva norma legal reguladora del procedimiento administrativo es que suprime la reclamación administrativa previa a la vía judicial civil y laboral, que, en la actualidad, debe interponerse obligatoriamente para poder iniciar un proceso judicial civil o un proceso laboral siendo un ente administrativo la parte demandada. La Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 dice que “De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas”.

La reclamación administrativa previa se encuentra regulada, actualmente, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 120.1 señala que "La reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública, salvo los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango de Ley". Según José Luis Peñaranda Ramos, las reclamaciones previas producen tres efectos, ya que impiden la interposición de la correspondiente demanda civil o laboral, condicionan las pretensiones del demandante e interrumpen los plazos de prescripción o de caducidad de las acciones.

 

Cuando entre en vigor la Ley 39/2015, ya no será necesario interponer reclamaciones previas antes de demandar a una Administración Pública para comenzar un proceso civil o un proceso laboral. Como indica José Ramón Chaves, ”bienvenido sea un privilegio menos que solo servía para retrasar negativas o para alzar motivos de inadmisibilidad en vía civil o laboral”, siendo cierto que puede entenderse que la reclamación administrativa previa es una manifestación de la autotutela administrativa reduplicativa, por la que, conforme a lo señalado por Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, se refuerzan las manifestaciones normales de la autotutela, que permite que los entes administrativos declaren y constituyan situaciones jurídicas a través de actos directamente ejecutables sin tener que acudir a un órgano jurisdiccional competente.

Cierto es que podría haberse optado por cambiar la regulación de la reclamación administrativa previa para lograr que dejara de ser obligatoria, pudiendo utilizarse como un auténtico medio para alcanzar acuerdos útiles para evitar pleitos entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Sin embargo, debe tenerse presente que, realmente, no es normal que un ente administrativo estime una reclamación administrativa previa, al igual que es complicado que se estimen los recursos administrativos presentados por los ciudadanos para impugnar actos administrativos.

La supresión de la reclamación administrativa previa, que se producirá en el año 2016, constituirá un avance para los ciudadanos, que no tendrán que sufrir dilaciones temporales para poder demandar a una Administración Pública ante la Jurisdicción Civil o ante la Jurisdicción Social cuando existan problemas de naturaleza jurídico-privada.

 

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Diego Fierro

Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y colaborador de diversos medios de comunicación

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